Gobernar con el Ejército

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

Lo que el expresidente Peña Nieto jamás pudo concretar con su malograda Ley de Seguridad Interior, López Obrador lo hizo con la mano en la cintura.

En diciembre de 2017, el exmandatario promulgó una Ley de Seguridad Interior que pretendía fungir como respaldo legal para las operaciones de las Fuerzas Armadas, especialmente en casos de excepción, lo que fue interpretado como una licencia para la permanencia de los militares en las calles por tiempo indefinido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente terminó por invalidar dicha ley que, en esencia, ofrecía garantías para la seguridad del mismo estado, no de los ciudadanos.

En teoría, con la citada ley como respaldo, Las Fuerzas Armadas podrían ampliar su radio de operaciones sobre todo en situaciones de excepción, lo que fue entendido por grupos de derechos humanos como una facultad extralegal para la violación de garantías de los ciudadanos mexicanos. Como quiera que haya sido, la SCJN invalidó la citada ley al considerarla inconstitucional.

Con otro método y desde luego que otra visión, Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación de la Guardia Nacional a fines de febrero pasado, aunque están en proceso de discusión otros proyectos de ley que acompañan a esta nueva fuerza policiaco-militar que constituye el pilar fundamental de su proyecto de pacificación del país.

Este nuevo entramado legal -Ley de la Guardia Nacional, Ley del Uso de la Fuerza y Ley Nacional de Registro de Detenidos- es el que en teoría permitirá una amplia actuación de la nueva fuerza pública que se distribuirá por las 266 demarcaciones consideradas focos rojos de violencia en todo el país.

El plan prevé el envío de 600 efectivos a las zonas de alta incidencia delictiva, 450 elementos a las zonas de nivel medio y 300 a las áreas de baja incidencia.

Según números dados a conocer por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para fines de 2019 la GN contará con 80 mil efectivos que provendrán de la Secretaría de la Defensa Nacional (35 mil elementos de la Policía Militar), 18 mil agentes de la Policía Federal (PF), 8 mil efectivos de la Policía Naval (Secretaría de Marina) y 21 mil 170 reclutas que se enviarán a ciudades como Acapulco, Tijuana, Juárez, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Culiacán, Salamanca e Irapuato.

Esas ciudades están ubicadas en 150 de los 266 cuadrantes en que fue dividido el país para efecto de las operaciones de la nueva formación armada. Se entiende que son las áreas más peligrosas, a las que ahora se agregó Minatitlán, Veracruz, donde recién ocurrió la matanza de 13 personas, un bebé incluido, por parte de unos de los cárteles más violentos y peligrosos que existen, el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las proyecciones del secretario Durazo, que se ajustan cada vez que hay incidencias graves, para mediados del sexenio la Guardia Nacional contará con aproximadamente 150 mil elementos en condiciones operativas para todo el territorio nacional.

Nadie lo ha observado, pero el caso es que tal número de efectivos de la GN equivale casi al 50 por ciento del estado de fuerza del Ejército Mexicano, con lo cual la nueva fuerza de élite más bien se constituye como una extensión de las Fuerzas Armadas.

Es decir, en lugar de retirar a las tropas de las calles como era su propósito inicial, el gobierno de López Obrador incrementará los números y capacidades de las formaciones militares de México, con el agregado de que esta nueva formación de élite contará con facultades amplias -previstas en la Ley de la Guardia Nacional- para actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal en cateos e intervenciones.

Ni en sus mejores sueños Peña Nieto había previsto contar con semejante fuerza militar actuando como policía con una amplia gamas de facultades.

Así las cosas, lo que estamos presenciando es la formación de una nueva élite militar que en realidad será una extensión de las Fuerzas Armadas, con otro uniforme, pero además con facultades de control operativo y legal de todo el territorio mexicano. Esa era en realidad la esencia de la fallida Ley de Seguridad Interior. Un despliegue semejante jamás había ocurrido en la historia de México.

Claro que habrá quien lo justifique en términos de la violencia creciente que se ha apoderado de amplias franjas del territorio nacional.

Datos recientes ofrecidos por el Observatorio Nacional Ciudadano -un grupo reconocido de estudiosos de la violencia- apuntan a que el primer trimestre del gobierno de López Obrador, de diciembre a febrero, fue el más violento de los últimos cuatro sexenios.

Según sus estimaciones, ese primer trimestre fue 48 por ciento más violento que el primer trimestre de Peña Nieto y 150 por ciento peor que el primer trimestre de Felipe Calderón.

Aunque hay fluctuaciones pequeñas en los hechos violentos que suceden a diario en el país, es posible adelantar que a ese paso este 2019 terminará con 10 a 12 por ciento más homicidios dolosos que en todo los años anteriores.

En lo que va de 2019 (enero-abril) el conteo gubernamental reporta 8 mil 493 muertes violentas que se concentran en su mayoría en ocho estados -Guerrero incluido, claro- con ligeros decrementos que se deben más a los reacomodos dentro de los grupos criminales que a la acción gubernativa.

Así, la terca realidad desmiente día a día el discurso presidencial y, por ende, las expectativas creadas para pacificar el país. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las causas de la violencia se generan en la descomposición social, la corrupción política -que es propiciada, a querer o no, por los partidos políticos-, la impunidad, la permisividad de la justicia, la desigualdad y la pobreza.

El combate a la violencia debiera ser tratado como un fenómeno suprarregional que cuenta con puntos de inflexión. Uno de esos puntos inflexión es la legalización y regulación de las drogas, la amapola y la marihuana para el caso de México, lo que por fortuna está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado por el mandatario al Congreso de la Unión.

De todos modos estamos ante un fenómeno complejo que, contra lo que pretende López Obrador, seguirá creciendo en México y en toda América Latina. El caso es que el tiempo se le acaba al presidente.

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